*Por Estela Díaz y Hugo Yasky
No hace tanto tiempo que la violencia contra las mujeres dejó la órbita de lo privado para ser una cuestión pública y política.
Unas pocas décadas marcan la diferencia. Fue el movimiento de mujeres, el feminismo y el protagonismo social de las mujeres a partir de la segunda mitad del siglo pasado el que logró politizar la esfera de la vida privada, y algo más que eso, también logró mostrar cómo la división entre lo público y lo privado encerraba -y encierra- una profunda e histórica discriminación y violencia hacia las mujeres.
La sanción de la Ley 26485 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres expresa un salto cualitativo en el tratamiento y la mirada sobre esta problemática.
En primer lugar por el enfoque de derechos humanos y la inclusión explícita de la comprensión de la misma como violencia de género.
Lo que implica reconocer sus causas más profundas: asentadas en la cultura patriarcal, basada en relaciones históricas de poder asimétrico entre los géneros.
Esta Ley recoge las mejores experiencias y antecedentes de prácticas y legislaciones más avanzadas del mundo y la región.
Re-significa la noción de víctima de violencia, para separarla del lugar de la vulnerabilidad, como algo casi innato o natural de las mujeres, por la noción de derechos vulnerados, que por lo tanto conllevan obligaciones por parte del Estado respecto a la reparación, sanción y atención de estas situaciones.
Tanto la Ley como su decreto reglamentario establecen la necesidad de implementación de un Plan Nacional Integral, sin embargo todavía convivimos con políticas aisladas, fragmentarias y con fuertes disparidades provinciales y regionales. También falta abordar aspectos que quedaron a mitad de camino a la hora de avanzar en directrices concretas de políticas para las situaciones que están por fuera de las relaciones familiares, como el caso de la violencia laboral, en la que todavía se deberán realizar revisiones también legislativas.
Las múltiples formas que adquiere la violencia en el trabajo, si bien declarativamente está contemplada en esta nueva normativa, requiere de mayores precisiones y niveles de exigibilidad. El abuso de poder por parte de patronales y directivos, el hostigamiento, acoso moral y sexual, la discriminación por razones de género, diversidad, etnia, aspecto físico, entre otras, son las formas habituales del maltrato en el ámbito laboral. Situaciones que salvo en la administración pública, no encuentran en el sector privado mecanismos claros de denuncia, sanción y prevención.
Otra herramienta para la inclusión de esta problemática está en la negociación colectiva, que a pesar de haber adquirido una dinámica destacada en los últimos años, todavía viene con cierto retraso y disparidad a la hora de la inclusión de estas temáticas.
La brecha entre el marco legal y el escenario de las prácticas cotidianas sigue siendo enorme. Todavía leemos fallos judiciales que nos avergüenzan, asiduamente siguen impactándonos los feminicidios como forma extrema de la violencia de género, cotidianamente desde los medios de comunicación nos agreden con la cosificación del cuerpo de las mujeres para el placer comercial de unos pocos y la enajenación de las mayorías, aun persisten las fuertes discriminaciones de género en el ámbito laboral, por mencionar algunas de las formas más habituales de violencia.
Pero, más que las definiciones escritas, la profundización del enfoque y el marco establecido, avanzará en la medida que se concrete en la construcción e inscripción de nuevas prácticas, en la medida que se profundice la voluntad y decisión política para la plena implementación de este nuevo marco legal, con recursos tanto humanos como presupuestarios adecuados al alcance federal requerido, con modalidades de abordaje y respuestas específicas para cumplir con la integralidad manifestada como voluntad explícita de la nueva norma.
Vivir una vida libre de violencia es una utopía, pero también es un horizonte posible, que nos ayuda a movilizarnos y a redoblar esfuerzos. Sabemos que estos cambios, que en lo esencial son culturales, no se logran de un día para el otro, ni sólo con legislaciones más compresivas de esta realidad, necesarias, pero no suficientes. Es ineludible formularnos el compromiso personal y colectivo para la construcción de una sociedad libre de violencia y discriminación. A pesar de todo lo que falta, contamos con la convicción de estar más cerca.
*Secretaria de género de la CTA y secretario general de la CTA
La sanción de la Ley 26485 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres expresa un salto cualitativo en el tratamiento y la mirada sobre esta problemática.
En primer lugar por el enfoque de derechos humanos y la inclusión explícita de la comprensión de la misma como violencia de género.
Lo que implica reconocer sus causas más profundas: asentadas en la cultura patriarcal, basada en relaciones históricas de poder asimétrico entre los géneros.
Esta Ley recoge las mejores experiencias y antecedentes de prácticas y legislaciones más avanzadas del mundo y la región.
Re-significa la noción de víctima de violencia, para separarla del lugar de la vulnerabilidad, como algo casi innato o natural de las mujeres, por la noción de derechos vulnerados, que por lo tanto conllevan obligaciones por parte del Estado respecto a la reparación, sanción y atención de estas situaciones.
Tanto la Ley como su decreto reglamentario establecen la necesidad de implementación de un Plan Nacional Integral, sin embargo todavía convivimos con políticas aisladas, fragmentarias y con fuertes disparidades provinciales y regionales. También falta abordar aspectos que quedaron a mitad de camino a la hora de avanzar en directrices concretas de políticas para las situaciones que están por fuera de las relaciones familiares, como el caso de la violencia laboral, en la que todavía se deberán realizar revisiones también legislativas.
Las múltiples formas que adquiere la violencia en el trabajo, si bien declarativamente está contemplada en esta nueva normativa, requiere de mayores precisiones y niveles de exigibilidad. El abuso de poder por parte de patronales y directivos, el hostigamiento, acoso moral y sexual, la discriminación por razones de género, diversidad, etnia, aspecto físico, entre otras, son las formas habituales del maltrato en el ámbito laboral. Situaciones que salvo en la administración pública, no encuentran en el sector privado mecanismos claros de denuncia, sanción y prevención.
Otra herramienta para la inclusión de esta problemática está en la negociación colectiva, que a pesar de haber adquirido una dinámica destacada en los últimos años, todavía viene con cierto retraso y disparidad a la hora de la inclusión de estas temáticas.
La brecha entre el marco legal y el escenario de las prácticas cotidianas sigue siendo enorme. Todavía leemos fallos judiciales que nos avergüenzan, asiduamente siguen impactándonos los feminicidios como forma extrema de la violencia de género, cotidianamente desde los medios de comunicación nos agreden con la cosificación del cuerpo de las mujeres para el placer comercial de unos pocos y la enajenación de las mayorías, aun persisten las fuertes discriminaciones de género en el ámbito laboral, por mencionar algunas de las formas más habituales de violencia.
Pero, más que las definiciones escritas, la profundización del enfoque y el marco establecido, avanzará en la medida que se concrete en la construcción e inscripción de nuevas prácticas, en la medida que se profundice la voluntad y decisión política para la plena implementación de este nuevo marco legal, con recursos tanto humanos como presupuestarios adecuados al alcance federal requerido, con modalidades de abordaje y respuestas específicas para cumplir con la integralidad manifestada como voluntad explícita de la nueva norma.
Vivir una vida libre de violencia es una utopía, pero también es un horizonte posible, que nos ayuda a movilizarnos y a redoblar esfuerzos. Sabemos que estos cambios, que en lo esencial son culturales, no se logran de un día para el otro, ni sólo con legislaciones más compresivas de esta realidad, necesarias, pero no suficientes. Es ineludible formularnos el compromiso personal y colectivo para la construcción de una sociedad libre de violencia y discriminación. A pesar de todo lo que falta, contamos con la convicción de estar más cerca.
*Secretaria de género de la CTA y secretario general de la CTA
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