Estela Díaz, coordinadora del Centro de Estudios Mujeres y Trabajo e integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, respondió algunas preguntas que ayudarán a dilucidar de qué se habla cuando se habla de legalización y despenalización del aborto y desmitificar algunos de los argumentos comúnmente esgrimidos por los denominados grupos “pro vida”.
La Campaña por el Derecho al Aborto es una amplia alianza social y política que se conformó hace más de seis años con el objetivo de producir un cambio social respecto al debate del aborto, con el fin de posibilitar un cambio legislativo. Nuestro objetivo fundamental es la plena vigencia de los derechos sexuales y reproductivos en la Argentina. Por esta razón es que definimos como lema de campaña, entendiéndolo como una propuesta integral: Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Este es un debate de derechos humanos, ya que el propio cuerpo es el primer territorio de ciudadanía. Por esto la lucha por el derecho a decidir de las mujeres tiene que ver con el reconocimiento de la plena autonomía, de libertad de las mujeres y el ejercicio de una ciudadanía plena.
-Se menciona constantemente que muchas mujeres mueren por la práctica del aborto, y que mayormente son mujeres pobres, como argumento para sostener la necesidad de la legalidad de la práctica, pero el Art. 1 del proyecto establece que: “Toda mujer tiene derecho a decidir la interrupción voluntaria de su embarazo durante las primeras doce semanas del proceso gestacional”. Además de estos argumentos, ¿en qué se basan para plantear este artículo?
El proyecto de la Campaña supone no sólo la legalización, esto significa que sea atendido el
aborto voluntario en hospitales públicos y obras sociales, sino también la despenalización, planteamos la eliminación de los artículos que penalizan el aborto, salvo que sea producido contra la voluntad de la mujer. El proyecto lo elaboramos entre el año 2005 y 2007 de manera participativa y con debates en todo el país. Para ello comparamos con la legislación internacional, nacional, estadísticas, etc. Hasta esa fecha la mayoría de los países tenían legalizado el aborto hasta la semana 12, luego se sancionó la Ley española que es hasta las 14 semanas. También se ha comprobado donde el aborto es legal que mucho más del 90% de los mismos se realizan antes del primer trimestre. No obstante ello existen las causales, como en el actual código penal (peligro para la vida y la salud y la violación), que no tienen límite de tiempo.
-Hay varias posturas que sostienen que el aborto atenta contra la vida del embrión o feto, ¿cuál es la respuesta ante ello?
En el debate del aborto existen derechos en tensión, entre el embrión o feto (según el tiempo de gestación) y el derecho de la mujer que se encuentra frente a un embarazo inoportuno, no deseado, que no puede seguir adelante. En este sentido, según la posición que se asuma, hay una diferencia respecto a qué se prioriza en esta tensión. Nuestro ordenamiento jurídico en las excepciones que permite el aborto, y sobre todo, en la práctica de las mujeres en relación a los embarazos no deseados, prioriza el derecho de la mujer, que no es potencial, sino una persona con una historia, una biografía y circunstancias que la llevan a considerar que no puede continuar esa gestación. Por el contrario, la operación que hacen los grupos que se oponen al derecho al aborto, es transformar el valor de la vida del embrión o feto en un valor absoluto. A tal punto que lo priorizan así corra riesgo la vida de la mujer. Como fue el caso de Ana María Acevedo, e Santa Fe, que le negaron tratamiento oncológico para proteger el embarazo, provocando que ella finalmente muera desgarrada de dolor y el feto también. No hay valores absolutos en ningún orden social. Nuestras leyes reconocen una progresividad en el valor de la vida, que supone gradaciones, hay incluso situaciones que se consideran atenuantes e incluso excusantes de punición en atentados contra la vida. Por esta razón debemos poder leer qué está ocultando esta operación ideológica y política de intentar darle valor absoluto a la vida de un embrión. Así como leer de dónde provienen estos discursos y en qué lugar reconocen los derechos humanos de las mujeres.
-Hay quienes abogan que una vez que salga la ley las mujeres van a utilizar el aborto como un método anticonceptivo, ¿qué responde a estas versiones?
Es justamente todo lo contrario. En los países donde el aborto es legal, donde hay educación sexual integral y acceso a métodos anticonceptivos, hay muchos, menos abortos que en los países donde está penalizado. Pero el acceso debe ser integral a políticas de prevención, a recursos y luego a abortos legales y por lo tanto seguros.
-Otro postulado que se esgrime en contra del aborto es el síndrome post aborto, ¿En qué consistiría y que veracidad existe al respecto?
No se puede desligar la supuesta experiencia traumática del aborto del contexto de ilegalidad e inseguridad al que se accede. Las experiencias de las mujeres suelen ser diferentes, así como distintas las motivaciones para abortar, más bien hay registros de secuelas graves frente a los casos de forzamiento a la continuidad de un embarazo no deseado. No hay datos fehacientes que permitan comparar la salud mental de las mujeres previo y postaborto, por lo tanto esos “casos de SPA”, se presentan sin referencia a la situación previa de la mujer. Llama la atención que no se contempla la existencia de un síndrome post violación, ni de un síndrome post abuso sexual infantil, ni un síndrome post violencia conyugal. En este sentido hay que observar que las definiciones y descripción del SPA, no proviene de las instituciones científicas internacionales reconocidas, sino de instituciones ligadas a grupos confesionales (católicas la mayoría); por lo que parece más bien un catálogo de condenas y deseos contra las mujeres que interrumpen un embarazo que datos científicos.
-Teniendo en cuenta todo lo anterior, ¿qué posibilidades cree que tiene la Ley de ser sancionada en forma positiva?
Pensamos que cada vez más este debate es ineludible. Por más maniobras que intenten los grupos conservadores, en un contexto que discute ampliación de derechos, no puede seguir eludiendo el debate del aborto, que supone un grave problema de salud pública, los derechos de las mujeres, la no discriminación y también la justicia social.
-Como integrante de la Campaña Nacional por Derecho al Aborto legal, seguro y gratuito, ¿qué desea expresar a quienes todavía no han tomado una postura al respecto?
En el caso de los legisladores y legisladoras les diría que ellos y ellas han sido elegidos y elegidas para actuar de acuerdo al interés común y no a sus convicciones personales, que son totalmente legítimas para decisiones personales, pero no para hacerse cargo de responder a problemáticas sociales, de interés público que requieren de respuestas del Estado. También diría que es fundamental fortalecer el Estado Laico, en el sentido de la única garantía democrática de convivencia en pluralidad y respeto por las diferencias. Por último diría que la legalización del aborto no obliga a nadie a practicarlo, por el contrario su ilegalidad condena a las mujeres de los sectores populares a poner en riesgo su vida y su salud, a todas a la clandestinidad y además sigue subalternizando a las mujeres, forzándolas al ejercicio de una ciudadanía recortada.
Fuente: Revista Furias
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